La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de mayo de 2011 el Decenio de la Seguridad Vial con el “objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.”
Por cierto, el Secretario General Ban Ki-moon expresó en ese momento que “El inicio del Decenio de Acción para la Seguridad Vial puede contribuir a que todos los países tengan más seguridad en el futuro… Hoy nuestros asociados de todo el mundo están iniciando planes nacionales o municipales en el marco del Decenio, celebrando deliberaciones sobre políticas y propiciando que las personas afectadas por accidentes de tránsito difundan sus experiencias de manera amplia. Ahora debemos impulsar esta campaña a toda marcha a fin de que todos conduzcan con mayor seguridad. Juntos podemos salvar millones de vidas”.
Sucede que la accidentalidad vial en el mundo se convirtió en una de las principales causas de mortandad del ser humano y en Colombia no se hace la excepción. El hecho de que en los últimos cuatro años se haya pasado de más de 5.000 muertes anuales por esta causa a más de 7.000 durante el año pasado, debería constituirse en una razón de Estado para que todos sus agentes enfocaran sus esfuerzos a, valga la reiteración, “estabilizar y, posteriormente, reducir” las víctimas mortales.
No estamos afirmando que no se haya hecho nada: por el contrario, vemos con agrado como avanza, aunque muy lentamente, la renovación de la infraestructura de los principales corredores viales; también, la inversión en señalización de algunas calles y avenidas; así mismo, la modernización de los cuerpos de Policía de Tránsito y de Carreteras; de igual manera, los estándares de otorgamiento y renovación de licencias de tránsito a través de los Centros de Reconocimiento de Conductores, y las campañas de concientización y prevención.
Pero frente a las cifras hay algo no estamos haciendo bien: los ciudadanos colombianos todavía cargamos con el pesado fardo de una legislación ligera en lo que se refiere a los estándares mínimos de homologación de los vehículos automotores que se venden en el país.
Sea en motos, en automóviles de pasajeros, camionetas, pickups, camiones… en fin, en todos los segmentos del mercado automotor colombiano, adolecemos de los estándares mínimos de seguridad activa, que prevengan los accidentes, y pasiva, que protejan a los ocupantes en caso de que el accidente ocurra.
Prueba de la obsolescencia de nuestra normatividad está que en la pasada entrega de los Premios Vía, que en compañía de Fasecolda creamos para fomentar vehículos más seguros, las categorías de autos más económicos del mercado quedaron desiertas por la ausencia de equipos de seguridad modernos.
Sea este el momento, transcurrida la mitad de la década de la Seguridad Vial, de hacer un llamado a las autoridades del ramo a que tomen cartas efectivas en el asunto elevando en estándar a través de la exigencia de, al menos, dos airbags frontales y frenos ABS en todos los vehículos que quieran ser comercializados como nuevos en el país.
